Un juzgado de Madrid ha anulado la licencia que cimenta los trabajos para exhumar víctimas de Cuelgamuros y al menos uno de los demandantes tiene intención de pedir el lunes que las obras se paralicen de forma inmediata aunque la sentencia no sea firme y la Abogacía del Estado vaya a recurrir
Con esa decisión firme en la mano, Patrimonio Nacional puso en marcha los trabajos preparatorios y poco después, en julio de este año, las primeras víctimas eran identificadas y sus restos. Los republicanos Valerico Canales, Emilio Caro, Floja Labajos y Román González, fusilados en 1936, fueron los primeros identificados: “Mi anhelo era abrazar los huesos de mi padre”, explicó uno de los familiares.
Con las exhumaciones en marcha, el juzgado de lo contencioso seguía deliberando para dictar sentencia sobre el fondo del asunto y, tal y como, la decisión ha sido anular la licencia. Una decisión que todavía es recurrible primero ante el Tribunal Superior de Justicia de la capital y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo, pero que abre la puerta a su ejecución y la paralización de los trabajos.
Esa es, al menos, la intención de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, según fuentes de su entorno. En los primeros días de la semana que viene acudir al juzgado y solicitar que, aunque la resolución no sea firme y sea recurrible por la Abogacía del Estado, se ejecute y las obras queden paralizadas hasta conocer el criterio de instancias superiores.
Según la magistrada Eva María Bru, el informe del arquitecto municipal aportado al expediente adolece de “falta de motivación” y se limitó, según la sentencia, a “reproducir la normativa municipal y los datos existentes en el proyecto”, dando por buena la calificación de Patrimonio Nacional. Lo califica, en definitiva, de un “copia y pega”. La resolución concluye que hay “relevantes omisiones” en el informe técnico que llevan a su nulidad.
Fuentes del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática explican que la Secretaría de Estado recurrirá esta sentencia. “El Gobierno reafirma su compromiso con la localización y recuperación de los restos de las víctimas, tal y como desean sus familiares”, explicaban estas fuentes.
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