El Supremo ha dado un oportuno respaldo al principio de legalidad y a los derechos de los ciudadanos y las empresas en sus relaciones con la inspección
El Tribunal Supremo ha ido dibujando a lo largo de los años la delicada, pero firme línea que separa las facultades de los poderes públicos para perseguir infracciones y obtener pruebas judiciales del derecho a la intimidad personal del ciudadano.
El fallo, que sienta jurisprudencia, desautoriza la entrada y registro de Hacienda en las oficinas de un contribuyente, así como la copia del contenido de un ordenador portátil llevada a cabo en contra de la voluntad de este y sin la cobertura de una orden judicial. El Supremo señala que esas actuaciones vulneran los derechos a la intimidad persona y familiar, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos de carácter personal del contribuyente.
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