La Fiscalía del Tribunal Supremo emerge como un nuevo elemento en la tormenta surgida por el choque entre las políticas del Gobierno para Catalunya y las polémicas decisiones de los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre.
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Entretanto, un órgano apenas conocido por la opinión pública, la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha vuelto al primer plano por los enfrentamientos surgidos en su seno, otra vez a cuenta de la radical oposición de una parte de ellos al Gobierno de izquierdas.
Redondo es un fiscal que escapa a cualquier sospecha de connivencia con el Gobierno. Afiliado a la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, basta con recuperar sus artículos en el diario ‘La Razón’. Uno de ellos lleva por títuloGarcía Ortiz, por su parte, también negó haber ejercido presión alguna, al tiempo que anunció que requerirá una rectificación a los medios que difundieron informaciones sobre sus supuestas presiones.
El fiscal, sin embargo, sostiene que aunque la presencia de vehículos de manifestantes impedía la salida de los controladores, la Policía “liberó el tránsito” y no se produjo, en consecuencia, la “situación de encierro” que habría constituido una detención ilegal y, en consecuencia, la comisión de un delito de terrorismo. Por contra, Redondo considera que la única calificación jurídica posible es un delito de coacciones.