Importante sentencia del Tribunal Supremo sobre la carga de trabajo de los jueces y juezas. El Pleno de la Sala de lo Social ha dictado una sentencia en la que concluye que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incumplido su obligación de regular la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral y, por tanto, condena al órgano a llevar a cabo esta medida preventiva. La sentencia, comunicada este viernes por el alto tribunal, revoca una sentencia previa de 2022 de la Audiencia Nacional, que desestimó las demandas de varias asociaciones de magistrados y magistradas. Desde Jueces y Juezas para la Democracia, precursora de la demanda en 2017, celebran el fallo. 'Estamos muy contentos, es una sentencia muy importante en la garantía de la salud de los integrantes de la judicatura, pero también de garantía de calidad del servicio público', explica el magistrado Carlos H. Preciado. El fallo del Pleno del Supremo da solución a una batalla judicial de unos seis años, 'con cinco años de retraso por parte de la Audiencia Nacional, que ha demorado el proceso y para juzgarlo mal', lamentan en Jueces y Juezas para la Democracia. La última sentencia de la Audiencia Nacional, de 2022, fue la tercera después de que el Supremo devolviera hasta en dos ocasiones la causa para que el órgano se posicionara sobre el fondo del asunto. No se ha cumplido la prevención de la salud La sentencia considera que, aunque el CGPJ ha tomado medida en estos años para medir y analizar las cargas de trabajo de los magistrados, incluso medidas provisionales para modularlas, pero no ha atendido a su obligación legal de regular este riesgo laboral que afecta a la salud de los profesionales de la judicatura de manera 'completa'. 'El CGPJ no ha cumplido de forma completa y definitiva la previsión contenida en el apartado 5.2 PPRL de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, toda vez que solo la ha cumplido de forma provisional o, si se qu
La sentencia revoca una previa de la Audiencia Nacional, que rechazó la demanda de varias asociaciones de magistrados, y obliga al Consejo a regular esta carga de trabajo
Importante sentencia del Tribunal Supremo sobre la carga de trabajo de los jueces y juezas. El Pleno de la Sala de lo Social ha dictado una sentencia en la que concluye que el Consejo General del Poder Judicial ha incumplido su obligación de regular la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral y, por tanto, condena al órgano a llevar a cabo esta medida preventiva.
El fallo del Pleno del Supremo da solución a una batalla judicial de unos seis años, “con cinco años de retraso por parte de la Audiencia Nacional, que ha demorado el proceso y para juzgarlo mal”, lamentan en Jueces y Juezas para la Democracia. La última sentencia de la Audiencia Nacional, de 2022, fue la tercera después de que el Supremo devolviera hasta en dos ocasiones la causa para que el órgano se posicionara sobre el fondo del asunto.
Aunque en estos años el órgano del Poder Judicial ha dado pasos, como la elaboración del “Documento sobre cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas”, que no comparten las asociaciones de magistrados, el Supremo advierte de que el propio documento “afirma expresamente que todavía”, recoge la sentencia, ponencia del magistrado Ignacio García-Perrote.
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'Solo gitanos': la escuela, convertida en símbolo de la segregación nacional en EslovaquiaViera Kičrova está enfadada. Se muestra reacia a hablar cuando se la aborda a la salida de su despacho y no puede ocultar su frustración. Las preguntas se desvían al alcalde, al Ayuntamiento, a cualquier sitio menos a la escuela que dirige. Pero Kičrova no tiene mucho que perder si las responde, así que da su versión: 'Los niños no tienen la culpa. 'Estamos aquí para ayudarles sin importar el color de su piel'. Kičrova es la directora de una pequeña escuela primaria situada a los pies de los Cárpatos, en el este de Eslovaquia, que ha protagonizado un debate de alcance nacional coincidiendo con las elecciones generales –celebradas el pasado sábado–, una sentencia del Tribunal Supremo de Bratislava y, más recientemente, un pronunciamiento de Bruselas. Pronto se celebrará una vista en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la que estará en juego nada menos que la autoridad moral de Eslovaquia. Es evidente que la situación causa gran ansiedad a Kičrova, una profesora comprometida que se ha visto implicada en un escándalo de alcance nacional que el Estado eslovaco reconoce haber ignorado durante mucho tiempo: la segregación de los niños gitanos romaníes en el sistema educativo eslovaco. El tribunal supremo del país ha declarado que la escuela que dirige Kičrova perpetúa esta situación. Para los activistas que han impulsado una campaña para dar a conocer la situación, el sistema educativo eslovaco actual es poco menos que un apartheid en el que los niños gitanos han sido sistemáticamente separados del resto y condenados a obtener malos resultados académicos y a vivir en la pobreza. El Tribunal Supremo eslovaco dictaminó en febrero que los responsables de la escuela de Kičrova habían permitido la segregación de los niños romaníes, lo que llevó a la Comisión Europea a anunciar su intención de llevar a Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento generalizado de las directivas sobre igualdad. El caso está siendo instruido por funciona
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