El tribunal sostiene que el Ejecutivo regional definió la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación de esta norma de forma explícita y que no vulneró competencias estatales.
estaría atribuyendo a las decisiones adoptadas por un órgano del Estado efectos adicionales a los previstos en la legislación estatal.
El TC ha concluido que la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación del decreto ley fue, razonada y a través de una precisa referencia a una concreta coyuntura medioambiental que exige una rápida respuesta, situación con la cual las medidas adoptadas guardan una evidente conexión de sentido.
Ello"sin oponerse al régimen del procedimiento administrativo común ni imponer tampoco obligación alguna al Estado que no viniese ya comprendida en el deber general de colaboración –en particular, mediante el intercambio de información– que sobre éste pesa, al igual que sobre las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias concurrentes sobre el medio hídrico", aclara.
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