El alcalde socialista de Siero amenaza con la disolución del Cuerpo si la situación afecta a la seguridad. El conflicto entre miembros de Sipla y CSIF lleva meses en los tribunales con demandas cruzadas
El absentismo laboral en el cuerpo de la Policía Local de Siero, el cuarto concejo de Asturias, ronda el 33 %. Este porcentaje tan elevado de bajas médicas responde, en la mayoría de los casos, a problemas psicológicos y de salud derivados de denuncias de acoso.
Por su parte, aquellos que respaldan al CSIF están del lado del primer edil y sostienen que ellos no son los acosadores, sino los acosados y afirman que los denunciantes son quienes continuamente boicotean el servicio. “A lo mejor hay que hacer un referéndum entre los ciudadanos, a ver qué opinan. Les preguntaríamos: ¿Queréis que mantengamos este servicio o lo amortizamos y bajamos los impuestos hasta 2,6 millones que era el equivalente a todo lo que ingresamos deDenuncias y contradenuncias en los juzgados
“Unas acusaciones que eran totalmente falsas”, ratifican los delegados sindicales. Y añaden: “Posteriormente, ya como alcalde, nos siguió acosando y coaccionando con acusaciones infundadas de cometer irregularidades”. Más de una veintena de denuncias se están tramitando o se han tramitado relativas a actuaciones presuntamente irregulares a través de varias vías paralelas: unos procedimientos han llegado a la jurisdicción penal y otros en la jurisdicción contencioso-administrativa y en la jurisdicción laboral.
El acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Siero dispone que el período anual de vacaciones retribuidas no susceptibles de compensación económica será de un mes pudiendo, a elección de los empleados municipales, fraccionarse en períodos mínimos de siete días y comprenderá los meses de junio a septiembre.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Oviedo ha anulado la resolución de la Alcaldía que introducía modificaciones en las vacaciones de los agentes para 2023 Al introducir esta modificación y dado que el pleno municipal es el competente para aprobar el acuerdo por el que se regulan las condiciones de trabajo de los funcionarios, la magistrada-jueza señala que el alcalde carecería de competencia y, en consecuencia, declara que la resolución es nula de pleno derecho.
El SIPLA afirma que todas sus declaraciones están refrendadas con documentación.
Desde el sindicato aluden a otro dictamen de prevención de riesgos laborales que especificaba que se estaba denunciando los protocolos anti acoso de forma incorrecta.
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